ABSURDA LA FIANZA IMPUESTA A JORNALEROS DE SAN QUINTÍN

La fianza de siete millones de pesos, impuesta a cada uno de los tres jornaleros detenidos el pasado sábado en San Quintín, “es absurda y con sesgo político, ya que es excesiva, e impide que sean puestos en libertad.

El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, sostuvo que es una multa que resulta excesiva y absurda, sobre todo si partimos del hecho de que el conflicto social que se vive en San Quintín, tiene su origen en las condiciones de explotación que sufren los jornaleros.

De acuerdo al Artículo 173 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California, un juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito, las características del imputado, la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, así como los posibles daños y perjuicios causados al ofendido.

El senador por el estado de Oaxaca, dijo que el juez al fijar el monto de la fianza, no tomó en cuenta ni las circunstancias de los hechos, ni las características de los imputados, mucho menos la posibilidad de cumplimiento de la obligación impuesta.

“Pareciera que la intención de fijar una fianza tan excesiva es para impedir que sean puestos en libertad. Cabe destacar, que el juez también debe tener en consideración el monto del daño causado, pero a todas luces es un dislate pensar que los jornaleros podrán cumplir la obligación impuesta”, sentenció.

Manifestó, que desconocía el valor de la tanqueta dañada, “pero me queda claro que dos patrullas y dos vehículos particulares, ni remotamente alcanzan un valor tan elevado”.

Recalcó, que en el 2013, la Policía Federal adquirió 40 vehículos blindados para operaciones especiales por un monto de 70 millones de pesos, una 1 millón 750 mil pesos por unidad.

“Por ello, me resulta difícil creer que cuatro vehículos particulares y una tanqueta asciendan a un total de 21 millones de pesos, que es el monto total impuesto a los tres jornaleros detenidos. Reitero, desconozco el valor de la tanqueta, pero lo que no me es ajeno, es que a pesar de que la ley establece los aspectos que un juez debe tomar en cuenta para fijar el monto de una fianza, al final el monto lo fija de manera absolutamente subjetiva”, sentenció.

Robles Montoya, manifestó que ojalá y los jornaleros tengan acceso a una defensa adecuada y profesional, y que sus defensores impugnen este monto mediante los recursos correspondientes.

“Con absoluto respeto a la soberanía del Estado de Baja California y a la autonomía que debe investir su Poder Judicial, me parece que éste no debe ser ajeno ni indiferente al conflicto social de San Quintín y las circunstancias que lo originaron”, agregó Robles Montoya.

También dijo que no se trata de violentar el más elemental principio procesal de neutralidad e igualdad entre las partes, “pero el Poder Judicial debe tener en cuenta las raíces de un conflicto social como el que nos ocupa”.

“También me parece necesario subrayar las denuncias relativas a las agresiones de la fuerza pública en contra de los jornaleros, así como los allanamientos sin orden judicial. Quiero decirles de manera respetuosa, que también disiento de la declaración del Gobernador Vega, en el sentido de que quienes tengan pruebas sobre tales allanamientos, lo denuncien. Y es que a quien le corresponde recabar las pruebas es al Ministerio Público, no a las víctimas de un delito”, señaló Robles Montoya.