JUSTICIA EN DESAPARICIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS

Tres de cada 10 personas desaparecidas en México son niñas, niños y adolescentes., este flagelo se han generalizado en el país, especialmente mujeres son las más vulnerables y son, en ocasiones hasta sacadas del país.

Pese a los diversos llamados realizados por integrantes de la sociedad civil y la ciudadanía, las autoridades mexicanas continúan sin desarrollar una estrategia eficiente para la prevención, atención y justicia en los casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes.

Esta problemática tendrá que ser abordada en la sustentación del Informe del Estado mexicano ante el Comité de los Derechos del Niño, este 19 y 20 de mayo.

Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México #REDIM, saludamos la decisión de la Cámara de Diputados por la aprobación de la reforma al artículo 73 Constitucional que faculta al Congreso de la Unión a elaborar una Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Tortura.

Consideramos prioritario que dicha ley incluya enfoque derechos de la infancia y contemple que niñas, niños y adolescentes también son víctimas de estos delitos.

De acuerdo con datos extraídos por REDIM obtenidos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), en México hay 23,271 reportes personas desaparecidas.

En el mismo Registro se encuentran reportados 7,016 niñas, niños y adolescentes (de 0 a 17 años) desaparecidos [1], que representan un 30% del total de las desapariciones observadas.

Los datos indican que de 2007 a 2014 desaparecieron 6,998 niñas niños y adolescentes. Dentro de este grupo de población, si se estudian los datos disponibles para las y los adolescentes de 15 a 17 años se encuentra que existen 2,621 desaparecidos, de los cuales 1,712 son mujeres; esto quiere decir que 7 de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años desaparecidos son mujeres.

Frente a este contexto, es urgente desarrollar una estrategia con enfoque de derechos de infancia y perspectiva de género, ya que los datos indican que son las niñas y las adolescentes mujeres las más afectadas, por ende, la investigación y las políticas públicas para prevenir y atender esta problemática deberán considerar a este grupo como una prioridad.

Los datos que se presentan se suman al señalamiento del Comité contra la Desaparición forzada de la ONU quien determinó que las desapariciones forzadas se han generalizado en el país e instó al Gobierno a estudiar este fenómeno con relación a grupos vulnerables, y tomar medidas para prevenir y resolver los casos pendientes.

Aunado a lo anterior, no existe un mecanismo accesible de información pública para concentrar los casos de desapariciones de niños, niñas y adolescentes en todo el país. A pesar de la existencia de la Alerta AMBER, cada entidad federativa publica de manera individual sus bases de datos y no mantienen informada a la población sobre los resultados de las investigaciones (cómo y quién las realiza) lo cual evidencia la desarticulación y los vacíos en la información.