EL ACCIDENTE SE HABÍA ANUNCIADO, NADA SE HIZO

El accidente del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metro ya se había anunciado por los trabajadores que lo advirtieron. En marzo dieron a conocer el peligro del convoy M0577 del Metro, y las autoridades nada hicieron.

A los pocos días se impactó en la estación Oceanía, por lo que se pone de manifiesto que es imperativa de la destitución de Joel Ortega Cuevas.

Se dio a conocer que desde el 24 de marzo pasado el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro advirtió sobre las fallas graves en el convoy M0577 del Metro y solicitó que fuera retirado de circulación.

El Diputado, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Cuauhtémoc Velasco Oliva, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, señaló que es “imperativa” la destitución de Joel Ortega de la Dirección Generaldel STC Metro.

Velasco señaló que el documento, marcado como “urgente”, fue ignorado por los funcionarios responsables de la operación del Metro, que únicamente trasladaron el convoy en cuestión de la Línea siete a la Línea cinco del Metro.

“Con todo y la fuerte advertencia de los trabajadores se realizó esta maniobra que lo único que hizo fue mantener en circulación lo que era una bomba de tiempo”, dijo.

Específicamente, el oficio dado a conocer por la prensa señalaba de manera puntual que los técnicos del Metro detectaron fallas en los sistemas de tracción-frenado y pilotaje automático del convoy, entre otras, que al no ser atendidas podrían ser la causa principal de la tragedia ocurrida en días pasados.

Esto, descartaría los dichos del Ingeniero Joel Ortega sobre que el accidente fue ocasionado por la presencia de una lluvia típica de esta temporada.

Finalmente, Velasco Oliva señaló que en esta ocasión se trata de omisión gravísima que consta en documentos oficiales, y que desembocó en la pérdida de una vida y múltiples heridos, así como en cuantiosas pérdidas materiales. Por ello, el legislador conminó a que, una vez destituido el Ingeniero Ortega, la Contraloría General del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia realicen una exhaustiva investigación administrativa y penal.