AMENAZA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA AL NO REGRESAR LEY GENERAL A COMISIONES

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO), de la Cámara de Diputados, prolonga la amenaza de privatización del agua al no exigir que se regrese la Ley General de Aguas a comisiones para su análisis consensuado con las organizaciones sociales a través de foros de consulta en todo el país.

El presidente de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Óscar Moguel Ballado, dijo que las conclusiones ciudadanas deben ser tomadas en cuenta e incluidas en la redacción de la Ley General de Aguas para que verdaderamente sea una ley con un alto espirito social y no mercantil como hasta ahora se ha planteado.

Manifestó que los principales opositores para que se democratice la Ley General de Aguas son los coordinadores parlamentarios del PRI y PVEM en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones y Arturo Escobar, respectivamente, que sólo buscan congratularse con quienes ostentan el poder para sacar ventajas personales rumbo al 2018.

Consideró que bajo este panorama los capitalinos no tendrían opción para evitar alzas en las tarifas del agua de darse un madruguete por parte del PRI y PVEM en la Cámara Baja, quienes no manifiestan ninguna sensibilidad social.

Sostuvo que la nueva Ley General de Aguas obligaría a incrementar las tarifas del líquido en la ciudad de México y en todo el país, además de que por primera vez, en la capital del país, se tendría que pagar por el uso del drenaje.

Recordó que pese a los reclamos de diputados locales y federales de diferentes expresiones de la izquierda mexicana, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ha hecho caso omiso para que se regrese la iniciativa a la comisión respectiva para un análisis consensuado.

El legislador Moguel Ballado lamentó que de primera intención la iniciativa de Ley, propuesta por el ex titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), rompa principios constitucionales y entregue de facto sus obligaciones a empresarios en el sentido de proporcionar agua a los connacionales, acción que calificó de un atentado en contra del propio Estado.

Expresó que con el cambio de autoridades en la CONAGUA surge una oportunidad de revisar a fondo el intento por entregar el recurso hídrico en manos de empresarios que sólo verían el interés mercantil y no el social.

Admitió a su vez que, por tratarse de una Ley Federal, ésta se colocaría sobre de la ley del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), que evidentemente exigiría una revisión tarifaria y por consiguiente su aumento.

Asimismo, convocó a las fuerzas sociales a formar un frente nacional en defensa del agua por medio de foros donde todos los sectores expresen sus puntos de vista y las consecuencias que traería consigo la entrada en vigor de la nueva ley general de aguas de ser promulgada por mayoriteo.

Manifestó que la aprobación sería en perjuicio de los grupos vulnerables en las 32 entidades federativas que padecen mayor estrés hídrico, quienes reciben menos de 100 litros por persona al día, situación similar a la que padecen habitantes del Norte de África actualmente.

Indicó que se perdería la aplicación de la cuota fija para quienes reciben el agua por tandeo, es decir, una sola vez a la semana y que, evidentemente, los afectados tienen que hacer uso de recursos económicos adicionales para atender sus necesidades comprando agua a través de los garrafones o de pipas.