AUTORIDADES IGNORAN LA VIOLENCIA A PERSONAS

El Congreso de la Unión debe legislar más en materia de tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzoso de personas, este ultimo flagelo a escala internacional hay 33.3 millones de personas en esta condición; en México podrían ser hasta 1.6 millones.

La senadora del PAN, Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, consideró que es necesaria una modificación constitucional para que las autoridades no sigan ignorando el tema.

Senadores integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales presentaron el libro “Desplazamiento interno inducido por la violencia: Una experiencia global, una realidad mexicana”, de Laura Rubio Díaz-Leal, donde la autora aporta una visión nacional de este fenómeno.

Comentó que las autoridades son las grandes ausentes en la atención a las personas que tienen que huir de sus lugares de origen por causa de la inseguridad, y prácticamente las familias de los desplazados no tienen a quien acudir; lo que contraviene el deber del Estado, que es aplicar los mecanismos necesarios para proteger a las personas.

El senador Zoé Robledo Aburto, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, dijo que los desplazamientos en Chiapas son una historia recurrente y dolorosa desde hace años, por diversas razones, entre ellas: expulsiones de familias por motivos religiosos desde la década de los setenta, por la erupción del volcán Chichonal en 1982, el levantamiento zapatista de 1994, por el huracán Stan en 2005, y por la construcción de la presa de Chicoasén, entre otras.

Lo anterior conllevó a que en 2012 se promulgara la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno Forzado en Chiapas que, sin embargo, corre el riesgo de ser letra muerta porque hasta la fecha no cuenta con un reglamento ni con un presupuesto asignado por parte del gobierno estatal.

Laura Rubio Díaz-Leal, autora del libro, detalló que en 2013 existían a escala internacional, 33.3 millones de personas desplazadas de sus lugares de origen; cifra que seguramente aumentó en los registros que dará a conocer el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno dentro unas semanas.

Señaló que en México hay aproximadamente 281 mil personas que padecen este fenómeno inducido por la violencia, cifra que contiene su libro, con base en monitoreos de prensa y sondeos.

Sin embargo, el INEGI, en su última Encuesta de Percepción de Inseguridad, estima que 1.3 por ciento de los hogares encuestados podrían experimentar desplazamiento por la violencia, es decir, 1.6 millones de personas.

Por esto celebró que actualmente en el Senado se discuta una iniciativa para reformar el artículo 73 constitucional, con la cual la Cámara Alta tendría facultades para legislar en materia de desplazamiento interno, desaparición forzada y tortura.

En su turno, Marieclaire Acosta, presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, comentó que las entidades federativas se resisten a reconocer que existe el desplazamiento forzado por motivos de violencia, porque sería como aceptar que hay un clima de ingobernabilidad en sus territorios.

Dijo que las cifras a escala nacional que se citan en el libro son conservadoras, es decir las 281 mil personas desplazadas, porque un estudio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, expone que tan sólo en Chihuahua hay 253 mil afectados por este fenómeno.

Edgar Corzo, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aseveró que todos los desplazados tienen el derecho a un regreso voluntario a sus lugares de origen, en condiciones de seguridad y dignidad. Comentó que el libro retrata la cultura de los desplazados, las condiciones en que viven, explica los derechos afectados por esta condición, y ayuda a crear empatía con ellos, a través de una mirada humana.

La presentación del libro fue convocada por la senadora Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, quien impulsó su publicación. A esta actividad también asistió la ciudadana sinaloense Esperanza Hernández, desplazada, quien dio testimonio de su caso.