NECESARIA REVISIÓN DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA
La creciente demanda del sector de la seguridad privada por reordenarse y a su vez legitimarse en su labor de protección a particulares y como coadyuvante de la seguridad pública, busca su reconocimiento a través de la profesionalización de actividades y servicios.
Se necesita también la autorización de una nueva Ley Federal que regule la competencia leal, pero que a su vez cierre el paso a compañías que operan al margen y lo único que hacen es poner el riesgo a los usuarios finales.
José Eduardo Llanos Valderrama, presidente de la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA), el blindaje automotriz no es la excepción, por tanto las empresas serias se pronuncian por que haya un reordenamiento.

Dijo que en nuestro país es necesario que a nivel federal se revise la ley que regula la operación de “compañías” del ramo que aparecen y desaparecen dejando en el olvido a los clientes que confiaron sus automotores.
Expuso que la seguridad privada en su labor de prevención del delito es reconocida dentro de cada entidad de nuestro país, por lo tanto con la nueva regulación se buscará satisfacer las necesidades de protección reclamadas por los particulares, las cuales además no pueden ser satisfechas por la seguridad pública por limitaciones constitucionales y legales asociadas a ejercicios en ámbitos privados.
“Dentro de la Ley General de la Seguridad Privada, lo que pide la AMBA es que en la reglamentación de las mismas, deba de tener apartados por tipo de servicio que se prestan, pues no podemos meter en la misma ´camisa de fuerza´ a todos los prestadores de servicios de seguridad privada, luego la Ley General debe considerar algunas cosas particulares para los servicios prestados,” afirmó el directivo.
Dijo que la AMBA, organización que agrupa a ocho de las principales firmas blindadoras del país como Blindajes Alemanes, Auto Safe, Ballistic Protection, Blindajes Epel, Global Armor, Transportadora de Protección y Seguridad, (TPS), Autowerk y Total Shield, se mantiene atenta a los avances que la Comisión de Seguridad Pública registra.
Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a través de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP), muchas empresas aquí registradas gozan del permiso federal para ofrecer incluso blindaje automotriz.
Recomendó que los usuarios deben verificar si la empresa con la que contratan efectivamente tiene el permiso vigente y además, tenga categoría como fabricante y comercializador de carros blindados.
Reconoció que aparecen blindadores “patito” (se estiman un par de decenas de ellos) que por supuesto no siguen lineamientos de leyes como la de anti lavado de dinero, de recaudación hacendaria, de reportes a la DGSP o de padrón de los automotores reforzados que deban darse de alta ante el REPUVE.
En otro orden de ideas, Llanos Valderrama aseveró que para los empresarios agrupados en la AMBA, la creación y puesta en marcha de una Cámara de la Industria de la Seguridad Privada sería lo idóneo, pues a través de ella se promovería el reordenamiento del sector en sus siete ramas industriales.
Además, las asociaciones cúpula y las empresas en lo individual, serían los encargados correctos en materia de asesoría para el gobierno en todo lo relacionado al diseño y ejecución de políticas, leyes y reglamentos para sus respectivos gremios, con ello se evitaría caer en leyes relativas, incluso en duplicidad.

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