DESAPARICIÓN DE NORMALISTAS, CRIMEN DE LA HUMANIDAD

La Procuraduría General de la República (PGR), debe ser consecuente con su persecución del delito de desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y considerarlo, entonces, un delito de lesa humanidad que por ello es imprescriptible.

José Luis Esquivel Zalpa, del GPPRD, y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de MORENA, recordaron que el delito de desaparición forzada es el perpetrado por agentes del Estado o por grupos organizados de particulares a los que apoya o tolera aquél, contra víctimas, con lo cual las autoridades buscan evadir cualquier responsabilidad hacia las víctimas o sus familiares.

En la desaparición de 43 normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, participaron agentes policiacos de este municipio y del de Cocula, por lo cual la PGR consignó a varios de ellos por desaparición forzada de personas y hasta se inconformó cuando el juez de distrito respectivo negó el auto de formal prisión por ello.

Ahora resulta paradójico que la PGR –dijeron ambos legisladores- pretenda evadir la responsabilidad del Estado Mexicano y considere que tales hechos no representan un delito de lesa humanidad.

Contrario a señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de octubre de 2014, a la fundada recomendación de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 19 de marzo pasado y de su propia consignación de varios policías detenidos, la PGR negó -el 18 de marzo- que se hubiesen perpetrado violaciones graves a los derechos humanos contra los normalistas y que la práctica de este crimen fuese generalizada o sistemática en el país.

Esquivel y Huerta citaron el documento de la CNDH en el cual ésta señala que el ataque a los normalistas implicó violaciones graves a los Derechos Humanos consistentes en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, atentado contra su integridad y omisiones en el cumplimiento de la función de seguridad pública.

Los parlamentarios añadieron que este tipo de delitos no son aislados, sino una práctica constante, sistemática y recurrente, como lo han reconocido los propios funcionarios y dependencias del Ejecutivo Federal.

Por ejemplo, el 21 de febrero de 2013, la ex subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, informó que el anterior gobierno heredó una lista de más de 27 mil casos de desapariciones forzadas.

A su vez, Eliana García Laguna, encargada de despacho de la Subprocuraduría de la PGR, informó a la Cámara de Diputados que contaba con un registro de 23 mil 271 personas extraviadas o desaparecidas.

Por su parte, el representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Julio Hernández Barros, consideró importante -el 2 de febrero de 2015 ante el Comité de Naciones Unidas Contra las Desapariciones Forzadas- reconocer que en México existe la desaparición forzada para tener un diagnóstico real y erradicarla.

Los legisladores también citaron a la CNDH, la cual apunta que brinda atención no sólo a casos como los de Iguala, sino a muchos otros, como los de Tlatlaya, Estado de México; Chalchihuapan, Puebla; Allende, Coahuila; San Fernando, Tamaulipas; Río Sonora, Sonora, y Apatzingán y Buenavista, Michoacán.

“Por su gravedad y relevancia –la de estos casos- es prioritario hacer efectivo el derecho a la verdad, que los responsables den cuenta de sus actos ante la ley y la sociedad, se reparen de manera integral los daños a las víctimas y se adopten medidas para prevenir que se repitan. Las condiciones en que se generaron y las características con las que se desarrollaron hacen que nadie pueda resignarse o mantenerse indiferente ante ellos”, afirmó la CNDH en el texto citado por Esquivel y Huerta.