EVITAR IMPUNIDAD Y MÁS CRÍMENES COMO LOS DE LA “GUERRA SUCIA”.

Necesario procurar justicia a las víctimas de la “guerra sucia” perpetrada por el Estado Mexicano contra miles de ciudadanos y evitar la repetición de crímenes de esta naturaleza con base en la garantía de impunidad en un contexto de crisis política, social, institucional y humanitaria como el actual.

Para acabar con este flagelo, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y el Archivo General de la Nación deben abrir la documentación relativa a ese oscuro episodio de la historia nacional.

Trinidad Secundino Morales Vargas, diputado federal perredista, cuestionó la determinación de ambas dependencias de restringir la consulta de dicha documentación, pues se base en el argumento falaz de que contiene “información confidencial” que puede ser reservada hasta por 60 años.

Al amparo de ese embuste, ni los historiadores podrían conocer esa información a cabalidad a pesar de que la “guerra sucia”, por perpetrarse precisamente mediante violaciones graves a los derechos humanos, no puede ser sujeta de disposiciones legales que permiten la reserva.

Los historiadores sólo pueden acceder parcialmente a esa información por medio de solicitudes específicas, por lo que la mínima que así se les ofrece –pues se suprimen datos fundamentales- resulta inadecuada para el trabajo de investigación histórica.

“La historia se construye paso a paso. En el quehacer histórico es fundamental la consulta de documentos que han sido testigos de los acontecimientos. Un episodio como el de la Guerra Sucia debe ser estudiado científicamente para que, en todos los ámbitos, las víctimas directas e indirectas alcancen justicia y México logre la reconciliación que, a más de 40 años, no hemos obtenido”, señaló el legislador.

Morales Vargas consideró un avance la apertura de estos archivos hace 14 años, pero ahora –dijo- se retrocede con esta otra determinación, particularmente en lo que se refiere al quehacer histórico y la falta de justicia para las víctimas.

Estimó imprescindible que, en el marco de la construcción de un Estado democrático y de Derecho, la historia muestre los acontecimientos y que el propio Estado reconozca su responsabilidad de frente a las víctimas.

“México –puntualizó- vive una crisis política, social, humanitaria e institucional que afecta todos los niveles de gobierno y a todos los Poderes de la Unión. Resulta por ello de vital importancia que se inicie un proceso de estudio, análisis e investigación imparcial de sus causas y generar un continuo proceso de conciliación y reconciliación entre la ciudadanía y sus autoridades que coadyuve al restablecimiento de la paz social”.

Quien fuera integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desde los 16 años de edad agregó que la garantía de no repetición pasa por el estudio científico de los hechos y, en concordancia con nuestro texto constitucional, el Estado Mexicano está obligado a permitir que estos documentos sean objeto de estudio.

“Estos documentos constituyen la memoria viva de miles de personas que fueron perseguidas, asesinadas o desaparecidas y el Estado mexicano tiene la obligación de resarcir los daños y no ocultarse detrás de un tecnicismo legaloide, para evitar su consulta”.

Mediante una propuesta de punto de acuerdo, planteó a la Cámara de Diputados respaldar institucionalmente este exhorto a la Secretaría de Gobernación y a la Dirección del Archivo General de la Nación, de modo que se garantice la consulta a todas y todos los investigadores.