URGE MODIFICAR LA LEY DE NOTARIOS Y EVITAR FRAUDES POR VENTA DE DERECHOS DE LITIGIO INMOBILIARIOS.

Se pone al descubierto, por lo menos 50 casos de fraude contra compradores de bienes inmuebles cometidos por al menos ocho empresas que se dedican a vender derechos litigiosos de remates inmobiliarios.

La diputada del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Priscila Vera Hernández, presentó una iniciativa de modificación al artículo 135 de la Ley de Notariado para obligar a los notarios a que informen puntualmente a las partes durante la celebración de un Contrato de Intermediación Mercantil.

La legisladora explicó que el modus operandi de estas empresas aprovecha un vacío legal y la ignorancia de las personas, ya que los notarios públicos no están obligados a informar a los compradores durante la supuesta firma de un Contrato de Intermediación Mercantil, pues se trata de un mero tramite de verificación de firmas que no compromete en nada a las empresas.

“Queremos que estos fraudes ya dejen de ocurrir y que los notarios le adviertan a las personas que no hay nada de obligación por parte de quien les esta quitando su dinero y por eso estamos planteando que haya una modificación al artículo 135 en la Ley de Notariado.

Hoy los notarios cuando uno va a hacer una ratificación de firmas, lo único a que están obligados es a cotejar que quien se apersona si coincida con lo establecido en la identificación oficial que presenta, pero no tiene obligación de advertirle a las partes que el contenido del contrato es ilegal” aseguró Vera Hernández.

Durante su participación en tribuna la legisladora del GPPAN, explicó que actualmente el Código Penal no contempla una sanción pues el delito puede eludirse con el perdón de la parte afectada. Apuntó que, dependiendo del caso, el fraude va desde $200,000 pesos a dos millones de pesos.

“La gente desafortunadamente no es especialista en derecho, el ciudadano común no conoce puntualmente la legislación vigente y cuando acuden con el notario público, en teoría van a celebrar un Contrato de Intermediación Mercantil, donde no hay ninguna obligación para el que supuestamente esta vendiendo derechos litigiosos, simplemente establece que van a hacer gestiones necesarias para obtener los derechos sobre un inmueble; es decir que no se están obligando a nada”, explicó Vera Hernández.