DERECHO DE EXPRESIÓN NO SE ENCUENTRA A DISCUSIÓN

La ciudad de México no puede retroceder en derechos fundamentales, pues los ciudadanos, son cada vez más participativos, más informados y más críticos hacia quienes gobiernan, y la libertad de expresión y manifestación es esencial si queremos seguir construyendo una sociedad más justa.

El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, dijo que actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), analiza la constitucionalidad de los artículos 212, 213 y 214 de la Ley de Movilidad, referente a la manifestación en espacios públicos.

En ese sentido, el integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), advirtió que en esta ciudad el dar aviso previo de una manifestación ha limitado este derecho.

Explicó que las autoridades bloquean los puntos por los cuales se planeaba transitar, de manera que sería inoperante el establecer la constitucionalidad de los citados artículos.

El legislador sometió a consideración del pleno una iniciativa que impulsa la modificación de esos artículos, y el fortalecimiento del derecho humano de la libre manifestación, por considerar que violentan los derechos establecidos en la Constitución.

“Esta Asamblea tiene la misión de proteger los derechos de las personas a través de la creación de leyes que no discriminen en razón de su condición social, de su sexo, raza, preferencia o cualquier otra característica”, aseguró Robles Gómez.

Agregó que la Suprema Corte, en su calidad de Tribunal Constitucional, deberá ponderar que la libre manifestación ha permitido cambios históricos, que no solo han transformado a la ciudad sino también al país, y ha de privilegiar el bien ciudadano que se está vulnerando.

“El derecho de expresión, que incluye la libre manifestación, no está a discusión, y hasta ahora su canal más eficaz ha sido la protesta social, que ha sido impulsor de la construcción de esta ciudad.

"Pero no solo eso: dejar de proteger este ejercicio es ir en contra de los tratados y pactos internacionales que México ha signado, comenzando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de Naciones Unidas o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto de San José. Por ello, la Suprema Corte no puede soslayar estos compromisos”, sostuvo.