Después del niño ahogado quiere tapar el pozo. OBLIGADA ALDF A REVISAR Y MODIFICAR LEY DE MOVILIDAD.

Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), deben realizar, de nuevo, un ejercicio de reflexión sobre la ley de movilidad en lo concerniente a la libertad de manifestación y movilización pública. Primero se opuso a la Ley.

El diputado Alejandro Ojeda declaró que la Ley de Movilidad impone la obligación de avisar sobre marchas con 48 horas de anticipación y prohíben el uso de vías primarias para realizar manifestaciones.

El legislador del PRD, quien se opuso en su momento a esta legislación, dijo que luego de que un juzgado federal declaró inconstitucionales varios artículos de la nueva ley, es necesario hacer un alto en el camino y realizar las modificaciones necesarias para resguardar los derechos y garantías de los ciudadanos.

Expresó que tal como se aprobó la Ley de Movilidad se violaban diversos derechos humanos protegidos tanto por la Constitución, como por tratados internacionales, entre ellos los derechos de asociación y de libre expresión.

Comentó que en su momento, él estuvo en contra de la ley, por lo que ahora promoverá las modificaciones pertinentes que restituyan la constitucionalidad a la Ley de Movilidad.

Recordó que en la Cámara de Senadores se encuentra una minuta enviada por los diputados en la que se busca restringir constitucionalmente el derecho a la libertad de manifestación pública, en esa reforma quiere el PRI reglamentar las manifestaciones y marchas, lo que ocasionó un rechazo generalizado.

Explicó que los argumentos que siempre se mencionan en el sentido de que las manifestaciones públicas causan afectaciones económicas, es un argumento no válido, ya que estaríamos en el absurdo de decir que los derechos a la salud, educación y otros causan un gasto, y entonces los tenemos que eliminar.

Otro engaño, abundó, consiste en satanizar las marchas y manifestaciones, pero nadie cuestiona las omisiones de los servidores públicos que por negligencia provocan que la gente salga a la calle a reclamar sus derechos.

“La gente no sale a la calle solo por gusto, sino por que un funcionario no hizo su trabajo y ello desencadena descontento”, indicó.

Sostuvo que las marchas y movilizaciones se encuentran reguladas en el artículo 9 constitucional y también se protege el derecho a la petición colectiva y, en su conjunto es un mecanismo de liberación social y de democracia participativa, en el que el pueblo sale a la calle a manifestar su descontento en el actuar del gobierno.

El gobierno que le niega al pueblo el derecho de expresarse, coloca a las personas en condición de subiditos y no de ciudadanos, eso autoritarismo puro, finalizó.