TEMAS DEL AGUA QUE TIENEN DISCUTIRSE Y ANALIZARSE POR ORGANIZACIONES SOCIALES PARA CONVERTIRSE EN LE

Para asegurar un futuro sostenible del agua en México debe imperar un espíritu de cooperación política y social que resguarde el derecho humano al vital líquido como una prerrogativa inalienable por arriba de otros usos que se le quiere dar.

El diputado de Movimiento Ciudadano, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Óscar Moguel Ballado, dijo lo anterior en el marco del Día Mundial del Agua y ante la expectativa de la promulgación de una nueva Ley General de que intenta borrar el concepto de derecho humano al vital líquido.

El legislador sostuvo que todos los temas que tengan que ver con el recurso hídrico, necesariamente tendrán que ser discutidos y analizados primero por las organizaciones sociales para que después se conviertan en ley.

Sólo de esta manera, dijo, se podrán satisfacer las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

“La nueva visión sustentable deberá tomar en cuenta la duración y el deterioro de los recursos naturales y considerar de manera urgente una solución a la inequidad en el reparto del bienestar que genera el acceso al agua”, subrayó.

Afirmó que en el modelo económico actual, basado en la producción y el consumo y en el uso indiscriminado de los recursos naturales -en especial el agua- el costo ambiental ha superado al beneficio económico. Para revertir o remediar los daños ocasionados al ambiente es necesario partir de una visión sustentable, aseguró.

Recordó que hace 22 años se consolidó el Día Mundial del Agua para destacar la función esencial del recurso y propiciar mejoras para la población mundial que sufre de problemas relacionados con el vital líquido.

Expuso que es un día para debatir cómo se deben gestionar los recursos hídricos en el futuro y recordó que el gobierno mexicano reconoció por primera vez a escala mundial el derecho de todas las personas a tener acceso al agua potable en cantidad suficiente a partir de la Declaración de Mar de Plata en 1977.

En ese sentido precisó que el gobierno mexicano ha firmado varios convenios internacionales y ahora intenta darles la espalda al negar el derecho humano al agua en el contexto de la nueva Ley General de Aguas que pretende promulgar el Congreso de la Unión por mayoriteo sin considerar la opinión de la sociedad civil, expertos en la materia y académicos, entre otros entes sociales.

Hizo mención de algunos acuerdos internacionales que signó México respecto al acceso humano al agua como el de la Convención Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer en 1979.

Se refirió a su vez a la Convención sobre los Derechos del Niño que el gobierno mexicano también firmó, en 1989, en la cual se hace referencia, en el artículo 24, a la necesidad de combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria a la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable y salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente.

Sin embargo, subrayó, ha sido a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) que la comunidad internacional ha desarrollado con mayor detalle el derecho humano al agua.

Indicó que el Senado de la República ratificó este pacto el 18 de diciembre de 1980, aceptando así las obligaciones para realizar progresivamente, y utilizando el máximo de los recursos disponibles, el derecho al agua para alcanzar un nivel de vida adecuado. El derecho al agua finalmente fue reconocido en 2012 en el artículo 4º constitucional, y hoy, enfatizó, está a punto de desaparecer